La Conselleria de Igualdad no convence a la mayoría de entidades LGTBIAQ+
Las entidades LGTBI de la Comunitat Valenciana expresan hoy su profunda preocupación ante la falta de respuestas sólidas ofrecidas por la Conselleria de Igualdad respecto al cierre, rebautizado como “absorción”, de los servicios ORIENTA Alacant, ATLAS, IgualaT y L’Armari de la Memòria y del futuro de ORIENTA València y Castelló a partir de mayo. En una reunión convocada por la dirección general, lejos de clarificar la situación, las explicaciones recibidas han incrementado la sensación de improvisación y descoordinación que el sector viene denunciando desde hace meses.
Las organizaciones recuerdan que estos servicios no son estructuras abstractas: existen gracias al trabajo de 60 profesionales con alta cualificación —psicología, trabajo social, abogacía, integración social, documentación y archivística, entre otros perfiles— cuya labor no puede ser sustituida de un día para otro por personal administrativo ya saturado. La Conselleria no ha podido detallar quién sería el personal cualificado encargado de asumir estas funciones ni qué reorganización interna permitiría absorber cuatro servicios completos.
A ello se suma una cuestión especialmente grave, el personal ya despedido de estos servicios, 38 profesionales, tenía derecho a ser subrogado, tal como establecen el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 13 del Convenio estatal de Acción Social. Pese a ello, la Conselleria no ha cumplido con su obligación ni ha ofrecido una explicación jurídica sólida para justificar su incumplimiento. Para la mayoría de entidades, esto confirma que no existía un plan de continuidad real: no había personal cualificado para absorber los servicios y tampoco se respetó la subrogación del personal que ya los prestaba. Para estas entidades, la conclusión es evidente: ese personal especializado no existe, y hablar de “absorción” es simplemente un eufemismo que encubre falta de planificación en el mejor de los casos, dejando a miles de personas pertenecientes a colectivos vulnerables sin la atención de calidad que estaban recibiendo hasta hace unos días, y en el caso de la población LGTBIQ+ de Alicante hace ya casi dos meses.
Tampoco convence el argumento del “ahorro”. El funcionariado no trabaja gratis ni deja de generar gasto público por reasignar sus tareas. Sin un plan que explique qué responsabilidades dejarían de atender para asumir procesos de acompañamiento, intervención social, asesoramiento jurídico o preservación de memoria, el discurso del ahorro pierde cualquier credibilidad. Las entidades temen que la consecuencia no sea una gestión más eficiente, sino un deterioro notable en la calidad de la atención.
A esta preocupación se suma un elemento que la Dirección General de Diversidad no ha sabido explicar. Por qué para adjudicar la gestión de la futura Oficina Valenciana de Inclusión se exige una puntuación mínima de 50 puntos, mientras que para Orienta Alacant basta con 20 puntos.
La disparidad resulta incomprensible para las entidades, que temen que esta rebaja del nivel de exigencia pueda abrir la puerta a adjudicaciones de menor calidad o a entidades sin la cualificación necesaria.
La Conselleria sostiene además que este cambio en l’Armari de la memòria permitirá llegar a más territorios. Sin embargo, las entidades consideran que esta afirmación carece de base real: con menos personal especializado, sin nuevas contrataciones y sin presupuesto consignado, es imposible ampliar la cobertura. El caso de Orienta Alacant es ilustrativo: las llamadas están siendo atendidas por personal no especializado que deriva a recursos que tampoco lo son, reproduciendo exactamente aquello que el servicio nació para evitar.
Preocupa también el discurso que intenta desacreditar el trabajo de las entidades insinuando adjudicaciones “a dedo”. La propia administración ha reconocido que el concierto social se adjudicó por concurrencia competitiva, que la inmensa mayoría del presupuesto se destina a personal y que la justificación económica es auditada por duplicado. Las organizaciones consideran inaceptable que se utilicen acusaciones infundadas para justificar decisiones políticas que nada tienen que ver con la transparencia. Para las organizaciones firmantes, esto confirma que la motivación no era presupuestaria, sino política.
Finalmente, las entidades exigen claridad sobre el futuro del concierto social. Quieren saber si la Conselleria está trabajando en su renovación, como se afirmó en el último Consell LGTBI, o si se está preparando un cambio de modelo que abriría la puerta a que ORIENTA sea gestionado por empresas privadas con ánimo de lucro. La ausencia de información alimenta una preocupación legítima sobre una posible privatización encubierta de servicios esenciales.
Las entidades LGTBIAQ+ de la Comunitat Valenciana insisten en que los derechos no se protegen con improvisación ni con relatos que cambian cada semana, sino con planificación, personal cualificado y un compromiso real con la diversidad. A día de hoy, la Conselleria no ha conseguido ofrecer garantías ni convencer a la mayoría del sector.
Entidades firmantes:
Chrisallys, Peña Valencianista LGTBI, Queerfest, Sumant, Ponts d’igualtat, Samarucs, Dracs, Diversitat, Lambda, Marietes de L’Eliana, DIMOVE, Mirall camp del Turia, Fem Orgull, Colors de L’Horta, LGTBI Soneja, Galesh, Transfem, FAMPA, Escola Valenciana y las Secciones LGTBI de los sindicatos Intersindical Valenciana y CCOO.
